El Horno

Regulación de la pesca española en aguas marroquíes

Esta orden ministerial establece las normas para los barcos españoles que pescan en aguas de Marruecos. Su objetivo es organizar y planificar de forma eficiente la actividad pesquera de nuestra flota, basándose en los acuerdos que España tiene con Marruecos y la Unión Europea.

Concretamente, la orden define qué se considera una licencia de pesca, la zona de pesca marroquí, los periodos de pesca permitidos y cómo se contabilizan las actividades de los diferentes tipos de barcos. Esto ayuda a gestionar los cupos y las posibilidades de pesca asignadas a España.

La orden entró en vigor el 5 de diciembre de 1998, fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y se aplica mientras los acuerdos de pesca entre la Unión Europea y Marruecos estén vigentes.

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Ascensores sin cuarto de máquinas: una nueva opción de instalación

Esta resolución permite instalar ascensores donde la máquina que los hace funcionar se ubica en el hueco del ascensor (el foso), en lugar de en una sala separada. Esto significa que los edificios ya no necesitan un espacio dedicado para esta maquinaria, lo que puede ser especialmente útil en construcciones con limitaciones de espacio.

Lo que cambia concretamente es que se autoriza una configuración de ascensor diferente a la tradicional. Se han establecido medidas de seguridad adicionales para compensar la ausencia de la sala de máquinas, garantizando que el funcionamiento sea igual de seguro para los usuarios. La empresa Zardoya Otis solicitó esta autorización y presentó las medidas de seguridad necesarias.

La resolución entró en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que fue el 25 de septiembre de 1998. Por lo tanto, esta posibilidad de instalación está disponible desde esa fecha.

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Una comisión para mejorar la industria española

Este Real Decreto crea una comisión especial encargada de estudiar y proponer medidas para hacer que la industria española sea más competitiva. La idea es que nuestras empresas puedan competir mejor en un mundo cada vez más globalizado y con mercados internacionales muy exigentes.

Concretamente, esta comisión analizará qué factores afectan a la competitividad de nuestras industrias y propondrá soluciones. Estará formada por expertos del sector industrial, científicos y representantes de las administraciones públicas, incluyendo a las Comunidades Autónomas. Su objetivo es asegurar que la industria española pueda generar empleo y riqueza de forma sostenible.

Este Real Decreto entró en vigor el 15 de septiembre de 1998. Su creación responde a la necesidad de adaptar la industria española a los cambios económicos mundiales y a las directrices europeas para fortalecer el sector industrial.

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Nueva gestión compartida para los Parques Nacionales

Este Real Decreto establece cómo deben funcionar los órganos encargados de gestionar los Parques Nacionales. Hasta ahora, la gestión recaía principalmente en el Estado, pero una sentencia del Tribunal Constitucional obligó a cambiar esta situación. Ahora, la gestión de estos valiosos espacios naturales se comparte entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas donde se encuentran.

Concretamente, se crean el Consejo de la Red de Parques Nacionales y las Comisiones Mixtas de Gestión. Además, se modifican los Patronatos de cada parque para asegurar una representación equilibrada entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas. También se incluye la participación de ayuntamientos y otras entidades locales, así como de organizaciones relacionadas con la conservación.

Este Real Decreto entró en vigor el 1 de septiembre de 1998, adaptando la normativa a la nueva ley que promueve la colaboración en la protección y administración de nuestros Parques Nacionales.

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Planificación del agua para un uso más justo y sostenible

Este Real Decreto aprueba los Planes Hidrológicos de cuenca, que son documentos clave para organizar cómo usamos el agua en España. Su objetivo principal es asegurar que tengamos suficiente agua para todas nuestras necesidades, tanto para las personas como para la industria y la agricultura, al mismo tiempo que protegemos el medio ambiente y evitamos el despilfarro. Busca un equilibrio entre el desarrollo y la conservación de este recurso vital.

Lo que cambia concretamente es que se establecen normas y directrices específicas para la gestión del agua en cada una de las grandes cuencas hidrográficas de nuestro país. Esto significa que se definen cómo se van a distribuir los recursos, cómo se va a proteger la calidad del agua y cómo se van a racionalizar los usos. Cada plan se adapta a las particularidades de su cuenca, buscando soluciones a medida.

La entrada en vigor de estos planes fue en 1998, tras un largo proceso de elaboración. Su aprobación buscaba poner fin a una situación de provisionalidad en la gestión del agua, garantizando un marco jurídico más estable y seguro para todos los usuarios y para la protección de nuestros ríos y acuíferos.

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Reglas para importar y exportar electricidad

Esta orden establece las normas para las empresas o entidades que quieren comprar o vender electricidad en España desde otros países, tanto dentro de la Unión Europea como fuera de ella. Su objetivo es regular cómo estas empresas, llamadas 'agentes externos', pueden participar en el mercado eléctrico español.

Lo que cambia es que se definen los requisitos que deben cumplir estos agentes para obtener permiso, diferenciando entre los de la Unión Europea y los de países terceros. También se establecen las condiciones bajo las cuales pueden operar, ya sea comprando, vendiendo o ambas cosas, y cómo se les pagará por ello.

Esta orden entró en vigor el 23 de julio de 1998, basándose en leyes y directivas anteriores que buscaban abrir los mercados eléctricos y facilitar los intercambios de energía entre países.

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Más libertad en el precio de los gases licuados del petróleo

Esta orden ministerial, publicada en 1998, actualiza las reglas para fijar los precios máximos de venta de los gases licuados del petróleo (GLP), como el butano y el propano, antes de impuestos. El objetivo es reflejar mejor los costes reales de comercialización y, sobre todo, introducir mayor competencia en el mercado.

Lo más importante para el ciudadano es que se liberalizan algunos suministros. Esto significa que el precio de venta al público de ciertos tipos de GLP ya no estará estrictamente controlado por el gobierno. Concretamente, se elimina el precio máximo para el GLP vendido a granel y para las bombonas de GLP de menos de 8 kilogramos.

Esta medida entró en vigor tras su publicación oficial, permitiendo que el mercado determine los precios en las modalidades liberalizadas. Para los suministros que siguen regulados, se actualiza el sistema de cálculo de los precios máximos, basándose en la cotización internacional, el transporte y los costes de comercialización.

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Nuevos precios máximos del gas natural para la industria

Esta resolución establece los precios máximos de venta del gas natural para las empresas que lo utilizan en sus procesos industriales. El objetivo es que estos precios se basen en los costes de otras energías que las industrias podrían usar como alternativa, asegurando así una competencia justa y precios razonables.

Concretamente, se detallan diferentes tarifas según si el suministro es por canalización o gas natural licuado (GNL), y si es un suministro firme (garantizado) o interrumpible (que puede ser suspendido). Estos precios se aplican a partir de una fecha determinada, y se establecen reglas para calcular la facturación si la fecha de entrada en vigor cae en medio de un periodo de facturación.

Los nuevos precios máximos entraron en vigor el 1 de julio de 1998. Las empresas distribuidoras de gas deben asegurarse de aplicar correctamente estas tarifas a sus clientes industriales, calculando los consumos de forma proporcional si la fecha de cambio de precios afecta a un periodo de facturación ya iniciado.

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Precios máximos de la gasolina en 1998

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar por la gasolina en la península y las islas Baleares a partir del 27 de junio de 1998. El objetivo era fijar un límite para evitar que los precios subieran de forma descontrolada.

Lo que cambia concretamente es que se publican los importes exactos en pesetas por litro para diferentes tipos de gasolina, como la súper, la normal y la sin plomo. Estos precios incluían todos los impuestos aplicables en ese momento.

La medida entró en vigor el 27 de junio de 1998, fijando un tope para la venta al público de estos combustibles en las zonas mencionadas.

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Protección de la naturaleza y sus especies

Este Real Decreto actualiza las normas españolas para proteger la naturaleza, los animales y las plantas silvestres, así como sus hábitats. Su objetivo es asegurar que estas especies se mantengan en un buen estado de conservación y que su entorno natural no se deteriore.

Lo que cambia principalmente es la forma en que se pueden aplicar excepciones a las normas de protección. Ahora, las administraciones podrán permitir ciertas acciones, siempre que no perjudiquen a las especies y sus hábitats, para proteger la fauna y flora, evitar daños graves a cultivos o propiedades, por razones de salud pública o interés general, o para facilitar la investigación y educación.

Este Real Decreto entró en vigor el 25 de junio de 1998, modificando una ley anterior para adaptarla a las directivas europeas más recientes sobre conservación de la biodiversidad.

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Prix maximum de vente au public des carburants (gazoline) à partir du 20 juin 1998 Cette résolution fixe les prix maximums de vente au public des carburants automobiles (essence 97, 92 et 95) dans la péninsule et les îles Baléares. Elle s’applique à toutes les stations-service, ainsi qu’aux représentations diplomatiques bénéficiant d’une exonération de l’impôt sur les hydrocarbures, pour lesquelles le prix est calculé en déduisant le taux de cet impôt. Concrètement, les plafonds sont de 117,8 pesetas/litre pour l’essence 97 (super), 114,3 pesetas/litre pour l’essence 92 (normale) et 112,8 pesetas/litre pour l’essence 95 (sans plomb), taxes comprises. Le prix des carburants destinés aux missions diplomatiques sera le prix plafond diminué du taux d’impôt en vigueur. Le dispositif entre en vigueur à minuit le 20 juin 1998, date à partir de laquelle les distributeurs doivent appliquer ces tarifs maximums et ne peuvent pas les dépasser sous peine de sanctions administratives.

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Corrección de precios del gas natural para industrias

Esta resolución se refiere a una corrección de errores en una publicación anterior sobre los precios máximos de venta del gas natural destinados a usos industriales. Es decir, se trata de una rectificación para asegurar que la información oficial sea precisa y no induzca a error a las empresas que consumen gas natural a gran escala.

Lo que cambia concretamente es la referencia a una orden ministerial específica. En la publicación original se mencionaba una orden de abril de 1998, pero la corrección indica que la orden correcta que establece esos precios es una de julio de 1997. Esto es importante para que las empresas sepan exactamente qué normativa se aplica a los precios que pagan.

Esta corrección entra en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que fue el 17 de junio de 1998. Por lo tanto, los efectos prácticos de esta corrección se aplican desde esa fecha, asegurando la correcta aplicación de los precios del gas natural para la industria.

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Precios máximos de la gasolina en 1998

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar por la venta de gasolina al público en la península y las islas Baleares a partir del 13 de junio de 1998. El objetivo era fijar un límite para evitar que los precios subieran de forma descontrolada.

Lo que cambia concretamente es que se publican unos precios específicos para diferentes tipos de gasolina (súper, normal y sin plomo), indicando cuánto como máximo podía costar cada litro. También se menciona cómo se calcularía el precio para representaciones diplomáticas con exenciones fiscales.

Esta medida entró en vigor el 13 de junio de 1998, fijando los límites de precio para las gasolinas en ese momento. La resolución se publica para que todos los ciudadanos estuvieran informados de estos precios máximos establecidos.

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Corrección en la fecha de ratificación de un tratado internacional

Este documento se refiere a una corrección de un error detectado en la publicación oficial de la ratificación por parte de España de dos acuerdos internacionales importantes: el Tratado de la Carta de la Energía y su Protocolo sobre eficiencia energética y medio ambiente. Estos acuerdos buscan promover la cooperación en el sector energético y proteger el medio ambiente.

El cambio concreto es una simple rectificación de una fecha. En la publicación original, se indicaba erróneamente que Armenia había depositado su instrumento de ratificación el 19 de enero de 1988. La corrección aclara que la fecha correcta es el 19 de enero de 1998.

Esta corrección entra en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Aunque el error es de tipo administrativo, es importante para asegurar la exactitud de los registros oficiales sobre los compromisos internacionales de España y sus socios.

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Control de los surtidores de gasolina

Esta orden establece las reglas para asegurar que los surtidores de gasolina y otros combustibles líquidos midan correctamente la cantidad que dispensan. Se centra en dos momentos clave: después de que un surtidor ha sido arreglado o modificado, y en revisiones regulares que se hacen cada cierto tiempo.

Lo que cambia es que se definen de forma clara los procedimientos y requisitos para estas verificaciones. El objetivo es garantizar que los ciudadanos paguen por la cantidad exacta de combustible que reciben, protegiendo así sus intereses económicos y asegurando la transparencia en las transacciones.

Esta orden entró en vigor el 10 de junio de 1998, estableciendo un marco normativo para la verificación de estos importantes instrumentos de medida en todo el territorio nacional.

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Precios máximos de gasolinas en 1998

Esta resolución, publicada en 1998, establece los precios máximos que los vendedores podían cobrar al público por las gasolinas en la península y las islas Baleares. El objetivo era fijar un límite para evitar que los precios subieran de forma descontrolada.

Concretamente, se fijaron los precios por litro para diferentes tipos de gasolina, como la súper (117,3 pesetas), la normal (113,8 pesetas) y la sin plomo (112,5 pesetas). Estos precios incluían los impuestos correspondientes.

La medida entró en vigor el 6 de junio de 1998, afectando a todos los consumidores de gasolina en las zonas mencionadas a partir de esa fecha.

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Actualización de límites para residuos de pesticidas en alimentos de origen animal

Esta orden actualiza las normas sobre la cantidad máxima de restos de pesticidas que pueden encontrarse en productos alimenticios de origen animal. El objetivo es asegurar que, aunque se usen pesticidas para proteger los cultivos, la cantidad de residuos en la carne, leche o huevos sea la mínima posible y segura para la salud.

Lo que cambia concretamente es la modificación de unas fechas límite. Se prorrogan los plazos para establecer ciertos límites de residuos que aún están siendo estudiados. Esto significa que algunos controles se aplicarán un poco más tarde de lo previsto inicialmente, dando tiempo a la evaluación de estos límites.

La orden entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Esto asegura que los cambios se apliquen rápidamente una vez que sean conocidos por todos los afectados y las autoridades competentes.

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Actualización de sustancias peligrosas en el mar

Esta resolución actualiza una lista de sustancias químicas, distintas de los hidrocarburos, que pueden causar contaminación en alta mar. El objetivo es tener un listado más preciso y actualizado de los productos que, en caso de accidente marítimo, requieren una intervención especial para proteger el medio ambiente.

Lo que cambia es la propia lista de sustancias. Se revisan y actualizan los anexos del Protocolo de Intervención de 1973, que detalla qué productos son considerados peligrosos y para los cuales se establecen procedimientos de actuación específicos en caso de vertido accidental en el mar.

La lista enmendada se considerará aceptada seis meses después de su distribución a los países firmantes del protocolo, y entrará en vigor tres meses después de esa aceptación. La fecha de publicación en el BOE fue el 11 de mayo de 1994, pero la aprobación de esta revisión fue el 10 de julio de 1996, y su entrada en vigor se produjo posteriormente.

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Precios máximos de gasolinas fijados en 1998

Esta resolución establece los precios máximos que se podían vender al público las gasolinas en la península e islas Baleares a partir del 30 de mayo de 1998. El objetivo era unificar y controlar los costes de estos combustibles para los consumidores.

Concretamente, se fijaron los precios por litro para diferentes tipos de gasolina, como la súper (117,2 pesetas), la normal (113,7 pesetas) y la sin plomo (112,4 pesetas). Estos precios incluían los impuestos correspondientes.

La medida entró en vigor el 30 de mayo de 1998, marcando un límite superior para el coste de las gasolinas en las zonas mencionadas, buscando así una mayor transparencia y estabilidad en el mercado de carburantes.

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Nuevos precios máximos para el gas natural industrial

Esta resolución establece los precios máximos que las empresas pueden cobrar por el suministro de gas natural a industrias. El objetivo es que estos precios estén vinculados a lo que costarían las energías alternativas que las industrias podrían usar en su lugar, como el petróleo o el carbón. Así, se busca asegurar una competencia justa y que las industrias tengan referencias claras sobre los costes del gas.

Lo que cambia es que se publican unas tarifas concretas y actualizadas para diferentes tipos de suministro industrial. Habrá precios distintos si el gas se suministra de forma continua (firme) o si puede ser interrumpido, y también se fijan precios para el gas natural licuado (GNL). Estas tarifas se aplicarán a partir de una fecha determinada.

La entrada en vigor de estos nuevos precios máximos es a partir de la medianoche del día 1 de junio de 1998. A partir de ese momento, las empresas distribuidoras de gas deberán aplicar estas nuevas tarifas a los consumos industriales, y las facturas se calcularán teniendo en cuenta los consumos anteriores y posteriores a esta fecha de cambio.

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Code international de gestion de la sécurité opérationnelle des navires (CGS) Le Code CGS, adopté par la Conférence des gouvernements contractants du SOLAS le 4 novembre 1993, impose aux armateurs, exploitants et capitaines de navires d’établir, de mettre en œuvre et d’évaluer des procédures de gestion de la sécurité et de prévention de la pollution. Il concerne tous les navires battant pavillon d’un État partie au SOLAS, ainsi que leurs équipages et les autorités portuaires qui supervisent leur conformité. Concrètement, le texte oblige les exploitants à rédiger un manuel de gestion (SMS) détaillant les responsabilités, les procédures d’audit interne, la formation du personnel et les mesures de réponse aux incidents environnementaux. Il renforce la traçabilité des responsabilités contractuelles entre le propriétaire du navire et le gestionnaire, et prévoit une protection accrue du capitaine dans l’exercice de ses fonctions de sécurité. Le Code est entré en vigueur le 22 mai 1998, date à laquelle les États membres ont commencé à l’incorporer dans leur législation nationale et à exiger son application pour tous les navires relevant du SOLAS.

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Precios máximos de gasolinas fijados en 1998

Esta resolución establece los precios máximos que se podían vender al público las gasolinas en la península e islas Baleares a partir del 23 de mayo de 1998. El objetivo era controlar el coste de estos combustibles para los consumidores.

Concretamente, se fijaron precios máximos por litro para diferentes tipos de gasolina, como la súper (118 pesetas), la normal (114,6 pesetas) y la sin plomo (113,4 pesetas). Estos precios incluían los impuestos correspondientes.

La medida entró en vigor el 23 de mayo de 1998, siendo publicada oficialmente el 22 de mayo de ese mismo año por la Dirección General de la Energía.

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Actualización de límites para residuos de pesticidas en alimentos

Esta orden actualiza los límites máximos permitidos de residuos de ciertos productos fitosanitarios (pesticidas) en alimentos de origen vegetal. El objetivo es garantizar la seguridad alimentaria y adaptar la normativa a los avances científicos y técnicos.

Lo que cambia concretamente es la inclusión de nuevos límites para sustancias como amidosulfuron, piridaben, ciromazina, flufenoxuron, tebufenpirad y clopiralida. También se modifican los límites y su aplicación para otras sustancias como paracuat, simazina y bifenilo, reflejando mejor los métodos de análisis actuales.

Esta orden entra en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que significa que los nuevos límites se aplican desde ese momento para controlar los residuos de pesticidas en los productos que consumimos.

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Aclaración sobre el sistema de depósito de envases

Esta orden ministerial, publicada en 1998, aclara detalles sobre un sistema llamado "depósito, devolución y retorno" para envases. El objetivo es que los consumidores paguen un pequeño depósito al comprar productos envasados, que luego recuperan al devolver el envase. Esto fomenta el reciclaje y la reutilización.

Afecta a todos los ciudadanos que compran productos envasados y a las empresas que los fabrican y venden. La corrección específica aclara que las cantidades del depósito, que se detallan en un anexo, se expresan en pesetas, la antigua moneda española. Es una rectificación para asegurar la correcta interpretación de la norma.

La orden original es de abril de 1998 y esta corrección se publicó el 20 de mayo de 1998. Aunque la norma es antigua, la aclaración es importante para entender cómo funcionaba y sigue funcionando, en esencia, este sistema de gestión de envases en España.

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Subida de precios de la gasolina en 1998

Esta resolución, publicada en 1998, establece los precios máximos que se podían cobrar por la gasolina en la península y las islas Baleares. El objetivo era fijar un límite para evitar que los precios subieran de forma descontrolada.

Concretamente, se fijaron los precios máximos por litro para diferentes tipos de gasolina como la súper, la normal y la sin plomo. Estos precios incluían todos los impuestos aplicables en ese momento.

La medida entró en vigor el 16 de mayo de 1998, afectando directamente a los consumidores que repostaban sus vehículos a partir de esa fecha.

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Los precios de la gasolina suben ligeramente en mayo de 1998

Esta resolución establece los precios máximos que los vendedores pueden cobrar por la gasolina en la península y las islas Baleares. Es una medida que se toma periódicamente para controlar los costes de este combustible esencial para el transporte. Afecta directamente a todos los conductores que utilizan vehículos de gasolina.

Lo que cambia concretamente es que, a partir del 9 de mayo de 1998, los precios máximos permitidos para las gasolinas súper, normal y sin plomo se fijan en 118,3, 114,8 y 113,6 pesetas por litro, respectivamente. Esto significa que los vendedores no podrán vender estos productos a un precio superior al indicado.

Esta medida entra en vigor el 9 de mayo de 1998. La Dirección General de la Energía es el organismo encargado de publicar estas actualizaciones de precios, asegurando que se cumplan las directrices económicas establecidas.

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Depósitos en envases para fomentar el reciclaje

Esta orden establece un sistema para que las empresas cobren una pequeña cantidad adicional por cada envase que venden, como un depósito. El objetivo es que, al devolver el envase vacío, se recupere ese dinero. Esto busca incentivar a los consumidores a retornar los envases para que puedan ser reciclados o reutilizados, cumpliendo así con las metas de reducción de residuos.

Concretamente, la orden detalla qué cantidad se debe cobrar por cada tipo de envase (vidrio, plástico, metal, etc.) y cómo se identificará para que sea fácil reconocerlo. Las cantidades se han fijado pensando en que animen a devolver los envases sin que esto suponga un gran gasto para el consumidor ni obligue a cambiar de material de embalaje.

Esta normativa entró en vigor el 1 de mayo de 1998, siendo una medida pionera en España para gestionar de forma más sostenible los residuos de envases y promover la economía circular.

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