El Horno

Corrección de errores en la normativa sobre incineración de residuos

Este Real Decreto es una rectificación de un texto anterior que regula cómo se deben quemar los residuos peligrosos y municipales. Su objetivo es asegurar que las normas sean claras y precisas para evitar confusiones en la aplicación de las mismas.

Lo que cambia concretamente son pequeños detalles en la redacción y en los valores técnicos que se usan para medir las emisiones. Por ejemplo, se corrige la unidad de medida de una sustancia contaminante o se aclara cómo deben medirse ciertas emisiones para que sean correctas.

Esta corrección entra en vigor el 17 de enero de 1998, fecha en la que se publicó en el Boletín Oficial del Estado. Es importante para garantizar que las reglas sobre la incineración de residuos se apliquen de forma correcta y segura.

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026. El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa aplicable en materia de propiedad intelectual. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

Precios máximos de la gasolina en 1998

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar por la gasolina al público en la península y las Islas Baleares a partir del 17 de enero de 1998. El objetivo era fijar un límite para evitar que los precios subieran de forma descontrolada.

Lo que cambia concretamente es que se publican unos precios específicos en pesetas por litro para diferentes tipos de gasolina, como la Súper (I.O. 97), la Normal (I.O. 92) y la Sin Plomo (I.O. 95). Estos eran los importes máximos permitidos para la venta en gasolineras.

La medida entró en vigor el 17 de enero de 1998, tal como se indica en la resolución. Era un sistema de control de precios que se basaba en una orden anterior de 1994.

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Precios máximos de gasolinas en 1998

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar por las gasolinas al público en la península e islas Baleares a partir del 10 de enero de 1998. El objetivo era fijar un límite para evitar que los precios subieran más allá de lo establecido por el gobierno.

Concretamente, se fijaron precios máximos por litro para diferentes tipos de gasolina, como la Súper (121,4 pesetas), la Normal (117,9 pesetas) y la Sin Plomo (116,8 pesetas). También se contemplaba un precio especial para representaciones diplomáticas exentas de impuestos.

Esta medida entró en vigor el 10 de enero de 1998, basándose en un sistema de precios máximos aprobado previamente por el Gobierno para productos petrolíferos. Su publicación servía para que todos los ciudadanos conocieran estos límites de precios.

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Nuevas reglas para vender y comprar energía eléctrica

Esta orden establece detalles sobre cómo las empresas pueden vender la energía que producen y cómo se les paga por ella. Define qué se considera una unidad de producción para las centrales hidroeléctricas y cómo deben presentar sus ofertas de venta, incluyendo aspectos técnicos y económicos. También aclara cómo se calculan y pagan las garantías de potencia, un pago que todos los que compran electricidad en el mercado deben realizar.

Además, regula cómo se tienen en cuenta en el mercado los acuerdos de intercambio de energía con otros países o dentro de la Unión Europea. Red Eléctrica de España, como gestora del sistema, informará de estos intercambios y ajustará los precios del mercado según los contratos firmados.

Esta normativa entra en vigor el 31 de diciembre de 1997, complementando un Real Decreto anterior que organizaba el mercado de producción de energía eléctrica y que a su vez desarrollaba una ley del sector eléctrico.

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Calendario de Tarifas Eléctricas para 1998

Esta resolución establece el calendario específico para la aplicación de tarifas eléctricas con discriminación horaria, conocido como sistema tipo 5, para el año 1998. Esto significa que el precio de la electricidad variará según la hora del día en la que se consuma.

Concretamente, se definen los días exactos en los que se aplicarán las diferentes tarifas (horas punta, valle, etc.) tanto en la península como en las islas (Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias). El objetivo es que los consumidores puedan planificar su uso de energía para aprovechar los momentos de menor coste.

La norma entra en vigor para el año 1998, basándose en la legislación eléctrica vigente en aquel momento. Aunque se trata de una resolución antigua, sienta las bases para la forma en que se gestionan las tarifas eléctricas por horas hasta la actualidad.

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Nuevos precios máximos para el gas natural industrial

Esta resolución establece los precios máximos de venta del gas natural para empresas que lo utilizan en sus procesos industriales. El objetivo es que estos precios se basen en el coste de las energías alternativas que las industrias podrían usar, asegurando así una competencia justa y ajustada al mercado.

Lo que cambia concretamente es la publicación de unas tarifas específicas y máximas para el gas natural. Estas tarifas se detallan según si el suministro es por canalización (firme o interrumpible) o si es gas natural licuado (GNL), y se expresan en pesetas por unidad de energía (termia) o por día.

La entrada en vigor de estos nuevos precios máximos es a partir de la medianoche del 1 de enero de 1998. A partir de esa fecha, las empresas suministradoras deberán aplicar estas tarifas a sus clientes industriales.

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Precios máximos de la gasolina en 1998

Esta resolución establece los precios máximos que se podían vender al público las gasolinas en la península e islas Baleares a partir del 1 de enero de 1998. El objetivo era fijar un límite para evitar que los precios subieran de forma descontrolada.

Concretamente, se detallan los precios por litro para diferentes tipos de gasolina, como la súper, la normal y la sin plomo. También se menciona cómo se aplicarán estos precios a las representaciones diplomáticas que tuvieran exenciones fiscales.

La medida entró en vigor el 1 de enero de 1998, marcando el inicio del año con unos precios de combustible ya establecidos y conocidos por todos los consumidores.

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Nuevas reglas para medir el consumo de electricidad

Este Real Decreto establece un sistema unificado para medir cuánta electricidad se consume y cómo se mueve por la red eléctrica. Su objetivo principal es asegurar que la competencia en el sector eléctrico funcione de manera justa para todos, desde quienes generan la electricidad hasta quienes la venden y la consumen.

Lo que cambia concretamente es que se instalarán equipos de medida específicos en puntos clave: en las fronteras entre las distintas actividades eléctricas (generación, transporte, distribución), en los límites de las zonas donde se distribuye la electricidad y en las conexiones con otros países. También será obligatorio para los grandes consumidores de electricidad.

Este reglamento entró en vigor el 26 de diciembre de 1997, fecha de su aprobación, y su aplicación se fue desarrollando posteriormente para adaptar los sistemas de medición a estas nuevas exigencias.

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-31 Fuente original: ES-BOE — Real Decreto 2020/1997, de 26 de diciembre, por el que se establece un régimen d ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Real Decreto 2020/1997 establece un régimen de ayudas para la minería del carbón y el desarrollo alternativo de las zonas mineras, basado en el marco jurídico de la Decisión 3632/93/CECA. Estas ayudas se aplican a empresas mineras y a proyectos de desarrollo económico alternativo en zonas mineras.

2. CONTEXTO El carbón es el único recurso energético autóctono relativamente abundante en España, por lo que su sostenimiento requiere mecanismos previstos en la normativa europea. El Real Decreto se dicta en virtud de la competencia exclusiva del Estado en materia de planificación económica. Las ayudas se conceden con limitaciones, como su regresividad y compatibilidad con la liberalización del mercado. Además, se contempla el desarrollo alternativo de las zonas mineras mediante proyectos de infraestructuras y empleo.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Real Decreto 2020/1997, de 26 de diciembre, establece un régimen de ayudas para la minería del carbón y el desarrollo alternativo de las zonas mineras. Este régimen se basa en la Decisión 3632/93/CECA, de la Comisión, de 28 de diciembre, que establece el marco jurídico para la concesión de ayudas a la industria del carbón. Según esta decisión, las ayudas deben considerar la concentración geográfica de la producción y la dependencia económica de las zonas mineras.

En España, el carbón constituye el único recurso energético autóctono relativamente abundante, por lo que su sostenimiento requiere la aplicación de los mecanismos previstos en la normativa europea. Estos mecanismos se aplican con limitaciones, como la regresividad de las ayudas y su compatibilidad con la liberalización del mercado. Además, las empresas de difícil viabilidad deberán reducir su producción.

El Real Decreto contempla dos tipos de ayudas: las destinadas al funcionamiento y a la reducción de actividad de las empresas mineras, y las destinadas al desarrollo alternativo de las zonas mineras. Estas últimas no están sujetas a la Decisión CECA, ya que no se dirigen directamente a empresas mineras, sino a proyectos de infraestructuras y empleo.

El Real Decreto se dicta en virtud de la competencia exclusiva del Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, según el artículo 149.1.13.ª de la Constitución. Las ayudas se conceden en un marco global con la finalidad de ayudar a la reestructuración de un sector económico en el que el Estado tiene competencias derivadas del citado artículo.

En cuanto al cálculo del coste de producción, el Real Decreto establece que se considerará coste de producción el conjunto de los siguientes conceptos: coste de la mano de obra, coste de los suministros, amortizaciones directas, servicio del capital y otros costes. La suma de estos conceptos se dividirá por la producción anual valorada en TEC (tonelada equivalente de carbón).

Las empresas deberán presentar antes del 31 de julio de cada año los estados financieros auditados del año anterior, que incluyan los conceptos de coste señalados. El Ministerio de Industria y Energía tendrá acceso a toda la información necesaria para comprobar y interpretar las cuentas.

Una vez determinados los costes de producción por empresa, se procederá a reducir la ayuda del año anterior un 4 por 100, empezando por la empresa de mayor coste, y continuando con la siguiente hasta que la suma de ayudas individuales sea igual al 96 por 100 de la ayuda global del año anterior. Las empresas sujetas a reducción deberán ser informadas y ajustar la ayuda al mes siguiente.

El Real Decreto también incluye una lista de empresas mineras afectadas, como SAMCA, Sociedad Santa Bárbara, Unión Minera Ebro Segre, UTE (Inversiones Terrales-Plácido Úbeda), Viloria Hermanos, Sociedad Anónima, Virgilio Riesco y la Compañía Minera San Luis.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Real Decreto establece un régimen de ayudas para la minería del carbón y el desarrollo alternativo de las zonas mineras, basado en la normativa europea. Estas ayudas se aplican con limitaciones y se calculan según criterios específicos de coste de producción. El régimen se dicta en virtud de la competencia exclusiva del Estado en materia de planificación económica.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Régimen de ayudas para minería del carbón: Basado en la Decisión CECA, con limitaciones de regresividad y compatibilidad con la liberalización del mercado. ⚠️ Reducción de ayudas: Se reduce un 4 por 100, empezando por empresas con mayor coste de producción. 📋 Cálculo del coste de producción: Se consideran costes de mano de obra, suministros, amortizaciones, servicio del capital y otros. ℹ️ Desarrollo alternativo de zonas mineras: Proyectos de infraestructuras y empleo, no sujetos a la Decisión CECA.

6. FICHA

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Precios máximos de la gasolina en 1997

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar al público por la gasolina en la península e islas Baleares a partir del 27 de diciembre de 1997. Esto significa que las gasolineras no podían vender la gasolina a un precio superior al fijado por la Dirección General de la Energía.

Concretamente, se fijaron precios máximos por litro para diferentes tipos de gasolina, como la Súper (97 octanos), la Normal (92 octanos) y la Sin Plomo (95 octanos). Estos precios incluían los impuestos correspondientes.

La medida entró en vigor el 27 de diciembre de 1997, afectando directamente al bolsillo de los conductores que repostaban en estas zonas de España.

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Precios máximos de gasolinas en 1997

Esta resolución establece los precios máximos que se podían vender al público las gasolinas en la península e islas Baleares a partir del 20 de diciembre de 1997. El objetivo era fijar un límite para evitar que los precios subieran de forma descontrolada.

Concretamente, se fijaron los precios máximos por litro para diferentes tipos de gasolinas, como la súper (120,1 pesetas), la normal (116,6 pesetas) y la sin plomo (115,8 pesetas). También se contemplaba un precio especial para representaciones diplomáticas exentas de impuestos.

Esta medida entró en vigor el 20 de diciembre de 1997, basándose en un sistema de precios máximos aprobado previamente en 1994. Su finalidad era garantizar una cierta estabilidad en el coste de los combustibles para los consumidores.

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Más dinero para el Medio Ambiente en 1997

Este documento informa sobre la aprobación de una cantidad considerable de dinero, más de 42 mil millones de pesetas de la época, destinada a inversiones y otros gastos del Ministerio de Medio Ambiente. Se trata de una decisión que se tomó para asegurar que el ministerio tuviera los fondos necesarios para llevar a cabo sus proyectos y responsabilidades.

Lo que cambia concretamente es que se autoriza una inyección económica adicional a la ya prevista. Este dinero extra servirá para financiar diversas actuaciones y gastos que el Ministerio de Medio Ambiente consideró importantes para su labor en aquel momento, como por ejemplo, proyectos de conservación o infraestructuras relacionadas con el entorno.

La decisión de convalidar este Real Decreto-ley, que es una norma con rango de ley aprobada por el Gobierno, se produjo el 11 de diciembre de 1997. Por lo tanto, la concesión de estos fondos adicionales tuvo efecto a partir de esa fecha.

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Precios máximos de gasolinas fijados en 1997

Esta resolución establece los precios máximos que se podían vender al público las gasolinas en la península e islas Baleares a partir del 13 de diciembre de 1997. El objetivo era controlar el coste de estos combustibles para los consumidores.

Concretamente, se fijaron los precios por litro para diferentes tipos de gasolina, como la súper (120,7 pesetas), la normal (117,2 pesetas) y la sin plomo (116,4 pesetas). También se contemplaba un ajuste para representaciones diplomáticas exentas de impuestos.

Esta medida entró en vigor el 13 de diciembre de 1997, siendo una disposición administrativa que regulaba el mercado de combustibles en ese momento específico.

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Precios máximos de gasolinas en 1997

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar por la venta de gasolinas al público en la península y las islas Baleares a partir del 6 de diciembre de 1997. El objetivo era fijar un límite para evitar que los precios subieran indefinidamente.

Concretamente, se detallan los precios máximos por litro para diferentes tipos de gasolinas, como la súper (120,7 pesetas), la normal (117,2 pesetas) y la sin plomo (116,5 pesetas). También se menciona un ajuste para representaciones diplomáticas exentas de impuestos.

Esta medida entró en vigor el 6 de diciembre de 1997, basándose en un sistema de precios máximos aprobado previamente por el Gobierno para productos petrolíferos.

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Pequeños ajustes en un decreto de 1997 sobre fondos ambientales

Este documento es una corrección de errores de un Real Decreto-ley aprobado en 1997. En aquel momento, se concedieron fondos adicionales para inversiones y gastos del Ministerio de Medio Ambiente. La corrección no altera la cantidad de dinero ni el propósito general, sino que aclara detalles técnicos.

Los cambios concretos son muy específicos: se corrige un número de servicio en el texto del decreto, pasando del 'servicio 06' al 'servicio 05'. Además, se amplía ligeramente el nombre de una dirección general dentro del ministerio, añadiendo 'y Calidad de las Aguas' a la 'Dirección General de Obras Hidráulicas'.

Dado que se trata de una corrección de errores de un texto publicado en 1997, esta modificación tiene efecto retroactivo, es decir, se aplica desde la fecha original de publicación del Real Decreto-ley, el 21 de noviembre de 1997.

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Nuevos precios máximos para el gas natural industrial

Esta resolución establece los precios máximos de venta del gas natural para las empresas que lo utilizan en sus procesos industriales. El objetivo es que estos precios estén vinculados a los costes de otras energías que las industrias podrían usar como alternativa, buscando así un equilibrio en el mercado.

Lo que cambia concretamente es que se publican unas tarifas específicas y unos precios por termia (una unidad de medida de energía) que las empresas suministradoras no podrán superar al vender gas natural a la industria. Esto afecta tanto al gas suministrado por tubería como al gas natural licuado (GNL).

Esta nueva regulación de precios entró en vigor el 1 de diciembre de 1997, afectando a todos los suministros de gas natural para usos industriales a partir de esa fecha.

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Precios máximos de la gasolina en 1997

Esta resolución establece los precios máximos que se podían vender al público las gasolinas en la península e islas Baleares a partir del 29 de noviembre de 1997. El objetivo era fijar un límite para evitar que los precios subieran de forma descontrolada.

Concretamente, se detallan los precios por litro para diferentes tipos de gasolina, como la súper (97 octanos), la normal (92 octanos) y la sin plomo (95 octanos). Estos precios incluían los impuestos correspondientes y se aplicaban en las estaciones de servicio.

La medida entró en vigor el 29 de noviembre de 1997, afectando a todos los consumidores que repostaban gasolina en esas zonas geográficas. Para las representaciones diplomáticas con exenciones fiscales, se establecía un cálculo específico para determinar su precio.

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Más dinero para el Ministerio de Medio Ambiente

Este Real Decreto-ley concede fondos adicionales al Ministerio de Medio Ambiente para cubrir gastos urgentes que no pueden esperar al año siguiente. Se trata de dinero extra para inversiones y para pagar una indemnización derivada de una sentencia judicial.

Concretamente, se destinan 42.714.100.000 pesetas para obras hidráulicas y calidad de las aguas, incluyendo expropiaciones y emergencias. Además, se asignan 151.374.201 pesetas para pagar una indemnización a una empresa por daños en sus cultivos, según una sentencia del Tribunal Supremo.

Este decreto entró en vigor el 21 de noviembre de 1997, permitiendo al Ministerio hacer frente a estas obligaciones financieras que surgieron durante el ejercicio de 1997 y una sentencia de 1996.

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Los precios de la gasolina se fijan máximos en 1997

Esta resolución establece los precios máximos que se podían vender al público las gasolinas en la península y las islas Baleares a partir del 22 de noviembre de 1997. El objetivo era controlar y unificar los precios de estos productos energéticos.

Lo que cambia es que se publican unos precios concretos y máximos para diferentes tipos de gasolina, como la súper, la normal y la sin plomo. Esto significa que las gasolineras no podían vender estas gasolinas a un precio superior al indicado, incluyendo los impuestos correspondientes.

Esta medida entró en vigor el 22 de noviembre de 1997, tal como se especifica en la resolución. A partir de esa fecha, los consumidores sabían cuál era el coste máximo permitido para repostar sus vehículos.

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Precios máximos de gasolina en 1997

Esta resolución establece los precios máximos que se podían vender al público las gasolinas en la península e islas Baleares a partir del 15 de noviembre de 1997. El objetivo era fijar un límite superior para evitar que los precios subieran descontroladamente.

Concretamente, se detallan los precios máximos por litro para diferentes tipos de gasolina como la súper (I.O. 97), la normal (I.O. 92) y la sin plomo (I.O. 95). Estos precios incluían los impuestos correspondientes.

La medida entró en vigor a las cero horas del 15 de noviembre de 1997, siendo publicada el 14 de noviembre de ese mismo año para que todos los ciudadanos pudieran conocerla.

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Actualización de precios máximos para gasolinas

Esta resolución informa sobre los precios máximos que se podían vender al público las gasolinas en la península y las islas Baleares. Establecía un límite superior para el coste de estos combustibles, asegurando que no se superara un determinado importe por litro. El objetivo era proteger al consumidor de posibles subidas descontroladas.

Lo que cambia concretamente es la fijación de estos importes máximos. Se detallan los precios en pesetas por litro para diferentes tipos de gasolinas, como la súper, la normal y la sin plomo. También se menciona un tratamiento específico para las representaciones diplomáticas exentas de impuestos.

Esta medida entró en vigor a partir de las cero horas del día 8 de noviembre de 1997. Por lo tanto, a partir de esa fecha, los vendedores de gasolinas en las zonas mencionadas debían respetar estos precios máximos establecidos.

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Precios máximos de gasolinas fijados en 1997

Esta resolución establece los precios máximos que se podían vender al público las gasolinas en la península e islas Baleares a partir del 1 de noviembre de 1997. El objetivo era fijar un límite para evitar que los precios de estos combustibles superaran una cantidad determinada.

Concretamente, se detallan los precios máximos por litro para diferentes tipos de gasolinas, como la súper (97 octanos), la normal (92 octanos) y la sin plomo (95 octanos). Estos precios incluían los impuestos correspondientes y se aplicaban en las estaciones de servicio.

La entrada en vigor de estos precios fue inmediata, a partir de las cero horas del día 1 de noviembre de 1997, según lo establecido por la Dirección General de la Energía en cumplimiento de una orden anterior de 1994.

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Protección del medio ambiente en la frontera

Este convenio internacional busca que los países colaboren para evaluar los posibles daños al medio ambiente que puedan causar proyectos o actividades, especialmente cuando estos afectan a más de un país. Se trata de anticiparse a los problemas y buscar soluciones antes de que ocurran, garantizando que las decisiones importantes tengan en cuenta el impacto ecológico.

Lo que cambia concretamente es que España se compromete a evaluar el impacto ambiental de proyectos que puedan afectar a países vecinos y a informarles sobre ello. También se compromete a que los países afectados puedan participar en el proceso de evaluación y toma de decisiones. Esto asegura una mayor transparencia y cooperación internacional en materia medioambiental.

Este instrumento de ratificación fue aprobado por España en 1997, aunque el convenio se firmó en 1991. Su entrada en vigor a nivel nacional se produjo tras la autorización de las Cortes Generales, permitiendo que España cumpliera con sus compromisos internacionales en materia de protección ambiental transfronteriza.

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Nuevos precios máximos del gas natural para la industria

Esta resolución establece los precios máximos de venta del gas natural para empresas que lo utilizan en sus procesos industriales. El objetivo es que estos precios se basen en los costes de otras energías que las industrias podrían usar como alternativa. Se trata de una medida para regular el mercado y asegurar una competencia justa.

Lo que cambia concretamente es que se publican unas tarifas específicas para el gas natural, tanto si se suministra por tubería (firme o interrumpible) como si es gas natural licuado (GNL). Estas tarifas se expresan en pesetas por unidad de energía (termia) o por día, y varían según el tipo de suministro y el uso que se le dé.

Estos nuevos precios entraron en vigor el 1 de noviembre de 1997. A partir de esa fecha, las empresas distribuidoras de gas deben aplicar estas tarifas a sus clientes industriales, asegurando que la facturación se ajuste correctamente a los consumos realizados antes y después de la fecha de aplicación.

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Precios máximos de gasolinas en 1997

Esta resolución, publicada en 1997, establece los precios máximos que se podían cobrar al público por las gasolinas en la península e islas Baleares. Su objetivo era fijar un límite para evitar que los precios de estos combustibles superaran una cantidad determinada, protegiendo así el bolsillo de los consumidores.

Lo que cambia concretamente es que se fijan unos importes específicos en pesetas por litro para diferentes tipos de gasolinas (súper, normal y sin plomo). Estos precios máximos entraron en vigor a partir de las cero horas del día 25 de octubre de 1997, y se aplicaban en todas las estaciones de servicio.

Esta medida afectaba a todos los conductores que repostaban gasolina en las zonas mencionadas. El sistema de precios máximos para productos petrolíferos ya existía desde 1994, y esta resolución simplemente actualizaba y publicaba los nuevos límites para las gasolinas en una fecha concreta de 1997.

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Precios máximos de la gasolina en 1997

Esta resolución establece los precios máximos que se podían vender al público las gasolinas en la península e islas Baleares a partir del 18 de octubre de 1997. El objetivo era fijar un límite para evitar que los precios subieran de forma descontrolada.

Concretamente, se detallan los precios máximos por litro para diferentes tipos de gasolina, como la súper (121,6 pesetas), la normal (118,1 pesetas) y la sin plomo (118,0 pesetas). También se menciona un tratamiento especial para representaciones diplomáticas exentas de impuestos.

Esta medida entró en vigor el 18 de octubre de 1997, marcando los límites de precio para la venta de estos combustibles en las fechas indicadas y en las zonas geográficas especificadas.

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